El 24 de marzo de 1976 ocurrió lo que muchos esperaban: Isabel Perón fue detenida y trasladada a Neuquén. La Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti. Designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea compondrían el futuro gobierno con igual participación. Comenzó el audodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".
José Martínez de Hoz fue designado ministro de Economía y, el 2 de abril, anunció su plan para contener la inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras.
La gestión de Martínez de Hoz, en el contexto de la dictadura en que se desenvolvió, fue totalmente coherente con los objetivos que los militares se propusieron.
Durante este período, la deuda empresaria y las deudas externas pública y privada se duplicaron. La deuda privada pronto se estatizó, cercenando aún más la capacidad de regulación estatal.
Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que, fuera de enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado para instaurar terror en la población y así imponer el "orden", sin ninguna voz disidente. Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y "desaparecieron". Mientras tanto, mucha gente se exilió.
Suspende la actividad política
Suspende los derechos de los trabajadores.
Interviene los sindicatos.
Prohíbe las huelgas.
Disuelve el Congreso.
Disuelve los partidos políticos.
Destituye la Corte Suprema de Justicia.
Interviene la CGT.
Interviene la Confederación General Económica (CGE).
Suspende la vigencia del Estatuto del Docente.
Clausura locales nocturnos.
Ordena el corte de pelo para los hombres.
Quema miles de libros y revistas considerados peligrosos.
Censura los medios de comunicación.
Se apodera de numerosos organismos.
Comunicado N° 19, 24/03/76
Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales. (Diario "La Prensa", 24 de marzo de 1976).
El término "subversión" englobaba a las organizaciones guerrilleras -prácticamente ya extinguidas en marzo de 1976- pero también a los activistas o simpatizantes de cualquier movimiento de protesta o crítica social: obreros, universitarios, comerciantes, profesionales, intelectuales, sacerdotes, empresarios y más... No hubo "errores" ni "excesos", sino un plan deliberado. (Historia Visual de la Argentina contemporánea, Clarín, El "Proceso" Militar).
La "desaparición" fue la fórmula más siniestra de la "guerra sucia": el "objetivo" era secuestrado ("chupado") por un comando paramilitar ("grupo de tareas" o "patota") donde, convertido en un número y sin ninguna garantía legal, quedaba a merced de sus captores. La desaparición de personas fue un programa de acción, planificada con anticipación, estableciéndose los métodos por los cuales llevarlo a la práctica: arrojando a los "desaparecidos" al Río de la Plata (previa aplicación de sedantes) desde aviones o helicópteros militares y en fosas comunes; fusilamientos y ocultamiento de cadáveres, sin ningún tipo de identificación.
La dictadura de 1976 completó y profundizó el esquema de persecución y exterminio que comenzara sistemáticamente con la Triple A, liderada por Lopez Rega.
Distribución de desaparecidos según profesión u ocupación
| Obreros......................................................................................... | 30,0% |
| Estudiantes................................................................................... | 21,0% |
| Empleados.................................................................................... | 17,8% |
| Profesionales................................................................................. | 10,7% |
| Docentes....................................................................................... | 5,7% |
| Conscriptos y personal subalterno de las Fuerzas de Seguridad........................................................... | 2,5% |
| Amas de casa............................................................................... | 3,8% |
| Autónomos y varios........................................................................ | 5,0% |
| Periodistas.................................................................................... | 1,6% |
| Actores y artistas........................................................................... | 1,3% |
| Religiosos..................................................................................... | 0,3% |
(Informe de la Conadep, Nunca Mas, Eudeba, 1984)
Todos estaban incluidos en la categoría de "enemigos de la nación". La metodología implementada consistió en la desaparición de personas, las cuales en realidad eran llevadas a centros clandestinos de detención, operados por las FFAA., donde se los sometía a interrogatorios basados en tormentos físicos.
Se levantaron centros clandestinos de detención y torturas. En estos laboratorios del horror se detenía, se torturaba y se asesinaba a personas. Se encontraban en el propio centro de las ciudades del país, con nombres tristemente famosos, como la ESMA, el Vesubio, El Garage Olimpo, El Pozo de Banfield o La Perla. Existieron 340 distribuidos por todo el territorio. Locales civiles, dependencias policiales o de las propias fuerzas armadas fueron acondicionados para funcionar como centros clandestinos. Estas cárceles clandestinas tenían una estructura similar: una zona dedicada a los interrogatorios y tortura, y otra, donde permanecían los secuestrados. Ser secuestrado o "chupado", según la jerga represora, significaba ser fusilado o ser arrojado al río desde un avión o helicóptero.
Debido a la naturaleza, una desaparición encubre la identidad de su autor. Si no hay preso, ni cadáver, ni víctima, entonces nadie presumiblemente es acusado de nada. (Amnistía Internacional, en su informe sobre la desaparición de personas por motivos políticos).
Hubo miles de desaparecidos: la Conadep constató más de 9.000 casos. Los organismos de derechos humanos hablan de más de 30.000.
Además del secuestro de adultos, hubo un plan sistemático de apropiación de niños. Los niños robados o que las madres parían en los centros de detención fueron inscriptos como hijos propios por muchos miembros de la represión, vendidos o abandonados en institutos.
Durante la dictadura, los militares consideraban que los hijos de los desaparecidos debían perder su identidad. Por eso los hacían desaparecer y los entregaban a familias de militares. Ellos pensaban que la subversión era casi hereditaria o que se trasmitía a través del vínculo familiar. De la misma forma que a los hijos de desaparecidos se intentó quitarles su familia, a la sociedad en general se intentó quitarle esos antecedentes que, como los padres de esos chicos, eran considerados subversivos. (Diario "Página 12", 10 de diciembre de 1995)
La operación conocida como la “Noche de los lápices”, que se desarrolló entre agosto y octubre de 1976, implicó el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata, que habían luchado en defensa de un boleto estudiantil.
El grupo Madres de Plaza de Mayo nació en 1977, integrado precisamente por madres de desaparecidos, cuya lista engrosaron también algunas de sus fundadoras. Se convirtieron en el más activo sector de oposición al gobierno.
La pequeña y mediana empresa fue sacrificada en el altar de la eficiencia, iniciándose un proceso de acelerada desindustralizacion, ante la imposibilidad de competir con productos provenientes del exterior. La aplicación de las recetas neoliberales no resolvió, sino que profundizó los problemas económicos.
A comienzos de 1977, el ministro de Economía, José Martínez de Hoz, inició un experimento monetario, denominado "la tablita". Fue un sistema de devaluaciones preanunciadas que, sumado a la "ley de entidades financieras" de junio de ese año (que liberó el mercado de dinero y dio garantía estatal a los depósitos a plazo fijo), dio comienzo a la especulación o "bicicleta financiera".
La dictadura implementó un plan basado en el liberalismo monetario, que era apoyado por bancos extranjeros y organismos internacionales. El funcionario encargado de cumplir el plan económico de los militares fue José Alfredo Martínez de Hoz. Puso fin al Estado intervencionista, a la protección del mercado interno y al subsidio a empresas. Se congelaron los sueldos. Dejó actuar al mercado libremente. Los resultados finales fueron desastrosos. Hubo un gran endeudamiento externo, las industrias quebraron y, al finalizar la dictadura, se desató la inflación.
Las cuestiones limítrofes entre la Argentina y Chile estuvieron condicionadas por las circunstancias políticas imperantes en cada país. Bajo regímenes dictatoriales en ambas naciones, las diferencias fronterizas estuvieron a punto de derivar en una guerra abierta. En 1978, luego de que la Argentina rechazó el fallo arbitral británico, el conflicto por el Beagle alcanzó su punto más álgido. El 8 de enero de 1979, la Argentina y Chile firmaron el Acta de Montevideo, que sometía el entredicho a la mediación del Papa. Finalmente, la propuesta papal, conocida a través del cardenal Antonio Samoré, se dio a conocer el 12 de diciembre de 1980 y fue aceptada por la Argentina en 1984 después de una consulta popular no vinculante, en la que el "sí" al acuerdo se impuso por un amplio margen de votos. (Historia Visual de la Argentina contemporánea, Clarín, La Política Exterior)
El triunfo final de la selección argentina en el Mundial de Fútbol ha supuesto que la Junta Militar que dirige el Gral. Videla haya cubierto con creces los objetivos que se propuso al emprender la organización del campeonato. Durante 25 días, los problemas del país argentino han pasado a un segundo plano y el título mundial conseguido por su selección los mantendrá oculto por más tiempo aún. (Diario "El País", junio de 1978)
En medio de la crisis política, económica y social del régimen militar, sorpresivamente el 2 de abril de 1982, tropas argentinas recuperaron las islas Malvinas. Tras frustrados intentos diplomáticos, la fuerza de tareas británica llegó al Atlántico sur y comenzaron las hostilidades. Con hitos como el hundimiento del crucero "General Belgrano" -que produjo 322 muertos- y del destructor británico "Sheffield", la guerra concluyó el 14 de junio, con la rendición argentina. La derrota marcó el derrumbe político del régimen. El regreso de los soldados arrojó luz sobre las sospechas de lo que habían padecido, sin los pertrechos y el entrenamiento suficientes para enfrentar a los británicos. Para defender las islas del ataque de ingleses bien entrenados y equipados, la junta militar procedió a reclutar jóvenes argentinos, sin instrucción militar, la mayoría de los cuales provenía de provincias pobres del interior del país. La derrota catastrófica de Malvinas y el conocimiento de la muerte de centenares de jóvenes argentinos (más de 600), deterioraron el frente militar, pero sobre todo, la reputación del ejército, al cual se consideró como mayor responsable del desastre.
Muy Buena nota!!!
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